En una decisión sin precedentes, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Neiva, en cabeza del juez Carlos Andrés Ochoa Martínez, admitió con carácter urgente la acción de tutela interpuesta por el activista animalista Deiby Martínez Cortés contra una reconocida empresa del sector de alimentos para animales, por presunta vulneración del derecho fundamental de petición.
El documento judicial, que lleva el sello de “URGENTE”, fue emitido apenas una hora después de ser radicada la tutela, marcando un precedente inédito por su velocidad, contundencia y gravedad institucional. El juez no solo admitió la acción, sino que además ordenó la vinculación inmediata de dos organismos clave del Estado colombiano: el INVIMA y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
“Lo que estamos viviendo es histórico. Un juez que entiende que la salud pública, la transparencia y los animales no pueden seguir esperando”, declaró Deiby Martínez Cortés, fundador de la ONG Protección Canina Mundial.
Una tutela que estremeció los cimientos institucionales
El juez ordenó a la empresa responder en un plazo máximo de dos (2) días, y de manera simultánea, exigió al INVIMA y a la SIC que se pronuncien también en el mismo término, sobre las solicitudes contenidas en el escrito de tutela. Se trata de un mensaje claro: los entes de control ya no pueden permanecer al margen del escrutinio ciudadano.
La tutela exige que la empresa revele información crítica relacionada con sus productos de consumo masivo para animales, incluyendo:
• Fichas técnicas y composición nutricional
• Resultados de laboratorio y auditorías sanitarias
• Certificaciones de calidad, licencias vigentes y trazabilidad por lote
• Información sobre denuncias, procesos y quejas de consumidores
Martínez advirtió que la empresa negó toda la información invocando “reserva empresarial”, argumento que, según la Corte Constitucional, no aplica cuando está en juego la salud pública, el interés colectivo o el bienestar de seres sintientes.
Un activista que lidera un cambio de época
Deiby Martínez Cortés ha ganado protagonismo nacional e internacional como una de las figuras más visibles del movimiento animalista colombiano. Su labor jurídica, mediática y social ha obligado a empresas del sector a responder ante la justicia. Su causa ha sido respaldada por miles de ciudadanos, rescatistas, veterinarios y expertos en salud animal.
“Los animales no pueden seguir siendo invisibles ante las grandes industrias. Lo que ha hecho el juez Ochoa Martínez hoy envía un mensaje poderoso: el control social es un deber, no una opción”, afirmó Martínez.
Un fallo que podría sacudir a toda la industria
El país está a la espera de un pronunciamiento formal del INVIMA y la SIC, que deberán responder bajo la presión del reloj judicial. La decisión de fondo, que se conocerá en los próximos días, podría convertirse en una referencia obligada en materia de salud pública, derecho de los consumidores y protección animal en Colombia.
El reloj corre. La justicia ha hablado. Y lo ha hecho con urgencia.
